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Sin embargo, a grupos de poder no siempre les conviene los cambios que son necesarios para lograr transformar al país, ya que pierden sus ventajas.

¿Que es el “costo político”?¿A qué o a quien responde? ¿A quien beneficia realmente?

La responsabilidad primordial de todo Estado es garantizar el bienestar de la población, por tanto las personas que son elegidas a un cargo público para servir al país, son los responsables de garantizar este bienestar. Anteriormente a ser elegido, en Republica Dominicana su campaña política es patrocinada por los impuestos que pagan los ciudadanos, por lo que desde antes de ser elegido ya tienen una deuda política con toda la nación y no sólo con los que votan por ellos.

En el proceso de campaña reciben apoyo de empresarios, grupos empresariales, sindicatos y otros grupos de influencia.  Pero indudablemente, como vimos con el ejemplo del candidato Presidencial Gonzalo Castillo, por más apoyo que reciban de grupos de poder e “influencers” y por más dinero que utilicen de los impuestos que pagues, no son elegidos al cargo si no cuentan con el apoyo del voto de las personas, que los eligen convencidos que gobernarán por y para los ciudadanos.

Ahora bien, ya en el cargo público, este individuo para tomar una decisión, o para no actuar con relación a un tema, evalúa algo que se llama “costo político” que viene siendo algo similar a un análisis de costo-beneficio.  Sin embargo, es con base a lo que le conviene para seguir en una posición de poder y de decisión, usualmente respondiendo a los intereses de unos pocos y a veces a sus intereses particulares, y el bien común y el interés de servir al país, no tiene el mayor peso en esta fórmula.

Pensemos nosotros como son nuestros gobernantes y cómo queremos que sean.

Veamos entonces, este funcionario público ¿con qué o con quienes tiene la mayor deuda? ¿A quien o a qué se debe más?  Recordemos, este individuo usa dinero recaudado de los impuestos que tú pagas para su campaña, el cual es siempre prometiendo actuar a favor del país, siendo entonces su responsabilidad principal que actúe y tome decisiones a favor del desarrollo económico y social.  Sin embargo, a grupos de poder no siempre les conviene los cambios que son necesarios para lograr transformar al país, ya que pierden sus ventajas.

Todos debemos preguntarnos ¿cuánto nos cuesta, a cada uno de nosotros, el que nuestros gobernantes no asuman un tema que le conviene al desarrollo económico y social del país por ese “costo político”? En vez de ellos pensar en este costo para no asumir decisiones impopulares y actuar, debemos recordarles que tienen una deuda política con nosotros los ciudadanos, que indudablemente aumenta cuando maneja nuestro dinero y el futuro del país.

Veamos un ejemplo de un costo político o más bien, una deuda política asumida por una gobernante.

En el año 1979 Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer Primer Ministro de Inglaterra.  Asume su mandato en un momento donde el desempleo y la inflación estaban en aumento. Gran Bretaña era un país en deterioro y su objetivo de Gobierno era revertir la recesión económica.  Para lograrlo, estaba dispuesta a tomar decisiones que no eran populares, asumir riesgos y gobernar con la firme decisión de cambiar el destino de la nación.

Entendía que el Estado no debía obstaculizar el desarrollo económico, sino dejar que el pueblo británico tomara las riendas.  Creía en la independencia del individuo del Estado y su interés era limitar la interferencia del Gobierno en la economía. Su propuesta incluía bajar impuestos, aumentar la productividad y la inversión extranjera, además de privatizar algunas industrias públicas ineficientes, como la del carbón y el acero.

Una de las situaciones más notorias que manejó y que le dio el sobrenombre de Mujer de Hierro, fueron las huelgas convocadas por el Sindicato Nacional de Mineros. Bajo el mandato de su predecesor habían paralizado el país y ella estaba decidida a que no le sucediera lo mismo, para así poder liderar y transformar a Gran Bretaña de una sociedad dependiente a una autosuficiente y eliminar las dádivas para que sea una nación productiva.

La industria del carbón en la década de 1980 dependía de los subsidios gubernamentales y operaba con enormes pérdidas. La minería era una industria en declive, había importaciones más baratas, la cultura energética estaba cambiando y estaba en aumento el interés por preservar el medio ambiente. Los días de esta industria en Inglaterra estaban contados y Thatcher tuvo la visión de entender que tenía que ser eficiente o desaparecer. Estaba consiente que el Gobierno no crea industrias competitivas, ni es responsable de crear ventajas competitivas para ciertas industrias, entendía que el papel del Gobierno es diseñar políticas para crear un entorno favorable donde el sector productivo pueda generar esas ventajas competitivas.  El Estado no debe ser una traba, ni tampoco debe asumir el rol de las empresas en la economía.

Sus políticas dirigidas a reducir impuestos y el tamaño del Estado, a facilitar la creación de nuevos negocios y a empoderar al individuo, combinadas con la desregulación, la privatización y el limitar el poder sindical, crearon las condiciones para el desarrollo empresarial de los años ochenta, incluyendo el florecimiento de los pequeños negocios.  Por el desarrollo de su país Margaret Thatcher asumió las consecuencias del supuesto costo político de tomar decisiones impopulares, se enfrentó a los sindicatos y grupos de poder y garantizó el desarrollo de una nación. Con esto no pretendo desconocer el costo social de los trabajadores de las minas, sin embargo en general, por asumir la responsabilidad de implementar un verdadero cambio, Gran Bretaña dio un giro para lo mejor. Veamos el resultado. El costo político de la Mujer de Hierro fue 11 años siendo Primer Ministra (la de mayor duración del siglo XX), un país altamente productivo y competitivo, dejando un legado llamado el Thatcherismo, que fue en su momento ejemplo para el mundo. Ella tuvo la valentía de asumir la responsabilidad de hacer lo que sea para empoderar a la población, alejándolos del dominio u opresión de los sindicatos, de los grandes empresarios y de los opositores al desarrollo. En vez de asumir que las decisiones impopulares eran un costo político, entendió que eran una deuda política que le correspondía asumir.

Los dominicanos necesitamos líderes que no estén motivados por ganancias políticas a corto plazo.  Lo que necesitamos son personas que actúen, que promuevan aumentar efectivamente leyes e iniciativas que apoyen el desarrollo sostenible y que tomen decisiones con esta visión.

Cada funcionario decide qué priorizar bajo sus propios criterios. Pensemos nosotros como son nuestros gobernantes y cómo queremos que sean.  Los que asuman la inactividad de tomar decisiones importantes para beneficiar unos pocos o para mantenerse en el poder, haremos que sus gobiernos sean efímeros. Los que asuman la responsabilidad de tomar decisiones impopulares para garantizar el desarrollo del país, haremos que pase a la historia y será recordada para siempre como precursora del desarrollo de la nación

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