Para las empresas industriales pequeñas y medianas, se recomienda programas de financiamiento de certificaciones de calidad, subsidios a TIC’s para la mejora de la productividad y garantías.
Todas las personas en todo el mundo están comprometidas en cómo ser productivas y sobrevivir financiera y socialmente, bajo las restricciones impuestas como consecuencia de la pandemia. Además de la crisis de salud, el cierre de empresas, los despidos y la reducción del horario de los negocios, han limitado el consumo creando una crisis económica y los gobiernos tienen la difícil tarea de estimular la economía mientras protegen a sus ciudadanos.
Muchas industrias y empresas se han visto afectadas, aunque las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) son las más perjudicadas por estar más expuestas a los choques económicos. Es muy probable que empresas, que antes de la pandemia estaban a penas sobreviviendo, hayan perdido la batalla, y las que permanecen necesitarán de la intervención del gobierno y no sólo con programas de corto plazo de apoyo a nómina, sino planes de recuperación económica más amplios de mediano y largo plazo.
En América Latina y el Caribe (ALC), las MiPyME representan el 99.5% de las empresas, emplean a 60% de la fuerza laboral formal y en mayor proporción son micro empresas. Se caracterizan por estar muy rezagadas en productividad y un alto numero operan bajo la informalidad, razón por la cual los Gobiernos de países de la región tienen como tema pendiente abordar esa baja productividad y los desafíos estructurales que obstaculizan el crecimiento y la formalización. Temas como simplificación de regulaciones y reducción de cargos impositivos, acceso al crédito y garantías e integración a la economía digital, solo por mencionar algunos.
Debido a las consecuencias y amenazas del COVID-19, los Gobiernos tienen la oportunidad de reevaluar las transformaciones necesarias para alejarse del sesgo hacia el modelo extractivo y contemplar reformas que aborden cambios estructurales identificadas como motor del desarrollo. La evidencia demuestra que invertir de manera eficiente en educación y facilitar la inversión en innovación impulsa el desarrollo económico y social. Sin embargo, algunos países en ALC de renta media y baja, parecen no poder implementar de manera sostenible y eficiente políticas para la innovación enfocadas en mejorar la productividad y el bienestar social.
En América Latina y el Caribe (ALC), las MiPyME representan el 99.5% de las empresas, emplean a 60% de la fuerza laboral formal y en mayor proporción son micro empresas.
La innovación se considera un motor del desarrollo ya que juega un papel clave para abordar los desafíos que el mundo enfrenta actualmente, como son el acceso a la educación, a la salud y garantizar seguridad alimentaria. Igualmente permite a las empresas ofrecer mejores productos y servicios creando así ventaja competitiva además de aumentar la oportunidad de descubrir nuevas oportunidades comerciales. El construir políticas enfocadas en facilitar actividades que conduzcan a innovaciones, políticas que promuevan y fortalezcan los sistemas nacionales de innovación y la creación y uso del conocimiento, políticas inclusivas sin estar limitadas a una determinada categoría de negocios o industria, es el camino a recorrer para ser competitivos. Siendo responsabilidad de los Gobiernos ser eficientes y garantizar contar con las capacidades, el marco institucional y la continuidad de todo el proceso, incluyendo el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas.
Diseñar una combinación efectiva de políticas que fomente la innovación es un proceso complejo, ya que requiere acciones coordinadas que movilicen a los agentes privados y públicos de diferentes entidades gubernamentales. Adicionalmente el diseño de políticas puede ser aún más complejo ya que pueden existir intereses que influyen en el resultado, sumado a la falta de capacidades en algunos Gobiernos y la falta de reconocimiento del impacto y del potencial de la innovación como motor para impulsar la productividad, el crecimiento económico y el bienestar social.
Un buen comienzo para promover la innovación es abordar barreras relacionadas con los estímulos que requieren los sectores productivos y las instituciones intermediarias para invertir en actividades que mejoren el potencial para innovar, para crear conocimiento y para adoptar tecnologías destinadas a mejorar la productividad. Dicho esto, en aras de la construcción de un sistema sostenible eficaz, los gobiernos de ALC pueden establecer un plan por etapas comenzando por estructurar políticas enfocadas en iniciativas de alto impacto, al mismo tiempo estableciendo el sistema de indicadores para medir la ciencia, tecnología e innovación como fundamento para diseñar políticas basada en evidencia, dirigidas a mejorar el desempeño general del país.
Para impulsar la recuperación económica a través de fomentar la innovación se pueden tomar en cuenta dos iniciativas de alto impacto para ser abordado de manera inmediata. La primera recomendación está orientada a mejorar la capacidad de las MiPyME para la adopción de nuevas tecnologías y su participación en la economía digital a través de subsidios directos, garantías, préstamos blandos y líneas de crédito. Se recomienda que el apoyo sea para estimular el uso de tecnologías con el objetivo de establecer nuevos canales de ventas e-commerce (ventas y pagos en línea) además de tecnologías para eficientizar el trabajo remoto. La segunda recomendación es financiamiento directo de servicios de consultorías para asistir a las MiPyME en el ajuste de sus modelos de negocios, para apoyar las transformaciones necesarias y desarrollar estrategias para enfrentar sus retos actuales. Para las empresas industriales pequeñas y medianas, se recomienda programas de financiamiento de certificaciones de calidad, subsidios a TIC’s para la mejora de la productividad y garantías. La visión y metas de estas iniciativas es aumentar la capacidad de innovar y de adaptación al cambio.
Todos los países en el mundo han sido afectados por Covid-19. Las desigualdades e ineficiencias son ahora más evidentes que nunca, por lo que es crucial y necesario invertir en el desarrollo de políticas para la innovación que contribuyan a una recuperación sostenible, al desarrollo económico y al bienestar social