No hay progreso económico y social si no existe un sector privado e industrial próspero y un sector publico enfocado en el bienestar de la población.
Según el último reporte del Índice de Competitividad Global, Estados Unidos es la 2da economía más competitiva del mundo y según el Índice Global de Innovación es la tercera economía más innovadora, liderando el primer lugar en 13 de los 81 indicadores claves sobre innovación. En ese país se encuentran 7 de las 10 empresas nominadas en el 2021 como las más innovadoras del mundo, 8 de los 10 primeros lugares en universidades clasificadas de clase mundial, promedian 600,000 aplicaciones de patentes por año en la última década y a la fecha el país cuenta con 400 Premios Nobel. En el año 2019, el comercio total de Estados Unidos con países extranjeros fue de $5.6 trillones y es de los 3 países con mayor productividad por hora.
La trayectoria de Estados Unidos sobre competitividad e innovación se remonta desde su concepción como Republica en el siglo XVIII, al iniciar su experimento de autogobierno. Los fundadores de esta nación basaron su filosofía en verdades inherentes tanto de los individuos como sobre la naturaleza humana, con la intensión de crear un territorio independiente o, como lo llamó George Washington, una “libertad ordenada”. Para el éxito de este experimento, crean una metodología de gobernanza donde el “check and balance” (comprobar y equilibrar), entre otras políticas, es el método más efectivo ideado para evitar en lo posible concentrar demasiado poder en intereses particulares o en populismo que pueda afectar el bienestar, seguridad y felicidad de los individuos.
En la actualidad Estados Unidos se sitúa entre las principales economías más prósperas del mundo y analizando las políticas dirigidas a la dinámica empresarial y al fomento de la innovación estas son sin duda de las principales políticas publicas que han tenido impacto en el crecimiento económico y social. Esto así, porque no hay progreso económico y social si no existe un sector privado e industrial próspero y un sector publico enfocado en el bienestar de la población. Los Gobiernos no producen dinero, se mantienen mayormente por los impuestos que pagan sus ciudadanos y los sectores productivos. Y si éstas no tienen un marco legislativo favorable a su florecimiento, si no que obstaculice y limite su crecimiento, en consecuencia el país se caracterizará por ser una economía pobre y con bajo niveles de desarrollo social.
Estados Unidos desde su concepción formuló políticas y creó instituciones que han estimulado la competitividad y la innovación. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, algunas empresas e industrias se desarrollaron gracias a que las mismas invertían recursos económicos y humanos en desarrollar mejoras para lograr ventajas competitivas y así competir mundialmente. Empleaban científicos, ingenieros y hasta PhD en el estudio de nuevos materiales y tecnologías, y para la búsqueda de mejorar procesos y reducir costos de producción. El proceso de desarrollo, aprendizaje y de generar nuevo conocimiento se consideraba vital para la salud de estas grandes empresas. En este período se establecen laboratorios de investigación y desarrollo (I+D) en empresas, las empresas colaboraban en investigación con las universidades y con inventores independientes en el desarrollo de nuevos productos y tecnologías. Igualmente surgieron laboratorios privados que ofrecen servicios de I+D y plantas para pruebas de prototipos. Además de estos desarrollos en la industria privada, surgieron una variedad de instituciones públicas de apoyo al proceso de aprendizaje e innovación, como por ejemplo, con la creación en 1901 del National Bureau of Standards, ésta se convierte en un foro importante para establecer normas de investigación científica, incluidas las calibraciones de nuevos instrumentos.
Para este periodo, también el gobierno Federal invertía recursos sustanciales en investigación y desarrollo en áreas de salud, agrícola, minera y medio ambiente. En 1862 crea el Departamento de Agricultura y promulga la Ley Morill, otorgando concesiones de tierras a los Estados para financiar el establecimiento de universidades especializadas en agricultura y artes mecánicas, resultando clave para el desarrollo de investigación conjunta. Igualmente el gobierno federal enfocó esfuerzos de investigación en relación a la minería, otro sector el cual consideraba vital de una economía cuya riqueza derivaba en gran parte de la tierra. En el área de salud, se realizan investigaciones a través de los Institutos Nacionales de Salud fundadas en 1887 como la agencia principal del gobierno responsable de la investigación biomédica y de salud pública.
Para la década de 1930 el sector privado había creado más de mil laboratorios de investigación industrial y entre 1920 y 1940 el número de científicos empleados en estos laboratorios pasó de menos de 3 mil a casi 30 mil. El conocimiento generado por las empresas, la posibilidad de generar nuevas tecnologías y la experiencia acumulada en investigación, comenzó a ser reconocida y este valor se reflejaba en las acciones de las empresas, ya no sólo se valoraban sus activos fijos, por lo que el conocimiento generado e introducido a la economía era reconocido y valorado por el sector financiero y para la década de los 1940, surgen los inversionistas de capital de riesgo.
Para la segunda guerra mundial, el Gobierno Federal invierte grandemente en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y en la década del 1950, para el periodo de la Guerra Fría, el Gobierno Federal de Estados Unidos crea distintas agencias como la National Science Foundation (NSF), el National Aeronautics and Space Agency (NASA), entre otros, para financiar la investigación y desarrollo enfocado en tecnologías para la defensa. En esta década, tanto el financiamiento privado como federal para la I+D aumentó, por lo que vemos florecer grandes innovaciones comerciales no relacionadas a defensa ya que tienen una correlación positiva.
Además de políticas para incentivar la investigación y desarrollo, el Gobierno estadounidense promueve políticas para estimular la creación de riqueza. Como por ejemplo en el año 1978, a través de la Ley de Ingresos se redujo la tasa impositiva sobre las ganancias de capital del 49.5% al 28%, aumentando la ventaja fiscal de las ganancias de capital al 42%. Esta ventaja se redujo posteriormente al 30% con la Ley del Impuesto sobre la Recuperación Económica de 1981.
Igualmente, como políticas para el desarrollo de la dinámica empresarial, en el año 1979 a través de la Ley de Seguridad del Fondo de Jubilación de Empleados se permite a los administradores de Fondos de Pensiones invertir hasta el 10% del capital en fondos de riesgo. Esto tuvo como resultado que para finales del año 1980 fue invertido $4 billones en operaciones de capital de riesgo. Ahora bien, debemos notar que la primera firma de Capital de Riesgo en Estados Unidos fue fundada en 1946, en el país se ubican numerosas universidades de clase mundial y existe amplio financiamiento para la I+D tanto federal como privado, por lo que había un sistema de producción de conocimiento, desarrollo de tecnologías y de inversión de capital de riesgo funcionando por más de 30 años.
Para el año 2020, en EEUU existen aproximadamente 1,300 firmas de Capital de Riesgo activas, con US$444 mil millones en activos bajo administración y US$120 mil millones en capital aún por invertir en start-ups, contribuyendo con la dinámica empresarial y el desarrollo de la innovación.
Uno de los hallazgos del Índice Global de Innovación es que el crecimiento de las operaciones de capital de riesgo a nivel mundial ha sido exponencial, y según los números preliminares para el 2021, sugieren que la actividad será aun mas prometedora en los años por venir contribuyendo al desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas industrias.
Desarrollar políticas para fomentar la dinámica empresarial y el desarrollo social es un balance. Como Estado, el principal interés es el bienestar de la población, pero sin un sector empresarial próspero y una sociedad productiva para que paguen impuestos, el Estado no puede brindar los servicios a cuales está obligado. Por lo que es imprescindible que en todas las decisiones de políticas, ya sean fiscales, monetarias, y sociales, se analice y pondere si las políticas propuestas mejoran y promueva la competitividad, la productividad y la capacidad de innovar de los sectores productivos. Si no se hace, se seguirá perpetuando el status quo y los bajos niveles de desarrollo de la población